Los invaluables recursos mineros se acaban, ¿que nos dejó? Acoquija recibió en su mejor época (el lustro entre 2006-2010) $127 millones. Un total de $ 171.391 por cabeza, ya sea niño o anciano.
Ya está. Lo que Catamarca y sus gobernantes hicieron con los recursos económicos que ingresaron en las arcas del Estado provincial y de los municipios durante los años más prolíficos de la minería es algo irreversible.
Con Bajo La Alumbrera a punto de ingresar en su etapa de cierre, con Agua Rica sin perspectivas de explotación a corto plazo y con un contexto nacional e internacional desfavorable para la actividad, los años de oro de la minería en la provincia han quedado atrás. Como informó este diario en sucesivas notas la semana anterior, en el lustro 2006-2010, el más productivo de la minería, a las arcas públicas ingresaron, a valores actualizados, más de 10.000 millones de pesos. Un presupuesto provincial completo.
En el caso de los municipios, la renta actualizada superó los 1.900 millones. Las preguntas obligadas son: ¿experimentó la provincia un proceso de transformación socioeconómica tangible a partir de la inversión de esos recursos? ¿Se sentaron las bases de una estructura de desarrollo productivo que permita ampliar la frontera de actividades en el sector privado y crear empleo genuino para al menos atenuar la dependencia del Estado? ¿Qué cambió verdaderamente en la provincia, desde el punto de vista de su realidad económica, entre aquel millonario derrame y hoy? ¿Cómo se usaron los recursos?
En un sentido lineal, la historia juzgará cuál fue el papel que cumplieron el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, principal responsable de administrar la mayor renta minera que haya tenido jamás la provincia, y los ex intendentes José Perea, de Andalgalá, y Daniel "Telchi” Ríos, de Belén, los departamentos más favorecidos por el reparto de las regalías por su condición de "mineros”.
Pero también juzgará a ex intendentes como Juan Carlos Espinoza, de Aconquija, el municipio que embolsó la mayor distribución de los recursos de acuerdo con la cantidad de habitantes: a valores actuales, a cada persona de esa localidad le correspondieron $171.391 en apenas cinco años. Todos ellos tomaron la decisión de qué hacer con los millones de la minería, cómo gastarlos. Más allá del análisis que se pueda realizar hoy sobre el uso de la renta minera, en los años que siguen el juicio retrospectivo estará en manos de los hijos y nietos de esta comunidad. La historia, pese a ser una ciencia social con un alto componente subjetivo, hará su interpretación y valoración sobre la base de lo que sucedía antes del boom minero en Catamarca y lo que sucedió después. Sobre lo que quedó. El juicio podría ser inclemente.
Pero las generaciones futuras también juzgarán el contexto de esta situación. Es decir, cómo fue posible que los gobernantes hicieran lo que hicieron con la renta minera, cómo les permitieron gastar en obras innecesarias, banales, sin perspectiva y no recibieron siquiera una sanción moral. Porque los gobernantes son producto de una sociedad en un momento histórico dado. Surgen y son legitimados política y socialmente por una comunidad. Y no se trata solamente de la legitimación electoral, esto es, de la decisión original en las urnas o de la posterior renovación de la confianza. El consenso social en torno al despilfarro de los miles de millones de minería alcanza tanto a las fuerzas políticas, como a las instituciones públicas y privadas, a las cámaras empresarias, a las organizaciones no gubernamentales, a los académicos, a los medios de comunicación, a las fuerzas vivas, a los sindicatos. Y si no hubo consenso social propiamente dicho, al menos hubo una actitud pasiva de los actores sociales. Un dejar hacer, tal vez inconsciente, que la historia también se ocupará de juzgar. Porque lo que ocurrió estos años con la minería constituye un capítulo medular de la historia de Catamarca.